Las 16 propuestas de Plena Inclusión para las elecciones generales del 10-N

Plena Inclusión, organización a la que pertenece Asociación ADEPSI, hace 16 propuestas en estas elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. Las reproducimos a continuación:

1.- Promoción de la educación inclusiva: 

▪ Compromiso y liderazgo de realizar un plan de acción que aborde el proceso de implantación de un sistema educativo inclusivo con dotación de recursos humanos y financieros; con un punto de partida, calendario, objetivos mesurables; y medidas de supervisión y rectificación. Para la elaboración de dicho Plan se contará con la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, así como de la comunidad educativa desde el primer momento. 

▪ Reforma de la Ley Orgánica de educación que incluya: 

  1. La eliminación de la discriminación en el acceso a la FP básica de las personas con discapacidad intelectual por razón de edad.
  2. La titulación por competencias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en igualdad de condiciones que las demás.

▪ Realización, en colaboración con Plena inclusión España, de un proyecto piloto de transformación de centros educativos ordinarios en centros educativos inclusivos en tres comunidades autónomas. Dicha transformación se realizará en conjunto y con el apoyo de los centros de educación especial y sus profesionales. 

▪ Realización de modificaciones en los planes de estudios universitarios contenidos relacionados con la Accesibilidad Universal, el Diseño para Todos o la Diversidad Humana. 

▪ Realización de modificaciones en los planes de estudios universitarios del grado de derecho que introduzcan el estudio de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

▪ Realización de modificaciones en los planes de estudio de las titulaciones correspondientes a profesiones del ámbito educativo en las que se incluyan metodologías de aprendizaje inclusivas (DUA, aprendizaje multinivel, aprendizaje por proyectos, etc.). 

▪ Promoción de la Formación Dual u otro tipo de certificaciones profesionales adaptadas, que permitan a las personas con discapacidad intelectual conseguir titulaciones homologadas. 

 


2.- Desarrollo de la accesibilidad cognitiva: 

▪ Reforma del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que incluya la accesibilidad cognitiva, así como una previsión de su desarrollo normativo. 

▪ Creación de un Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva. 

▪ Investigación a nivel estatal de la discriminación que produce las carencias de accesibilidad cognitiva. 

▪ Inversión en investigación, desarrollo e innovación en accesibilidad cognitiva. 

▪ Formación sobre accesibilidad cognitiva al personal que trabaja en la Administración Pública. 

▪ Incorporación de equipos de evaluación y validación de la comprensibilidad en la Administración Pública formados por personas expertas con dificultades de comprensión. 

▪ Disponibilidad de la información administrativa que afecte a las personas con problemas de comprensión en formatos de fácil comprensión. 


3.- Reforma del Código Civil: 

▪ Reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica de acuerdo al artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad partiendo de la base del anteproyecto existente. 

▪ Dotación de medios humanos y materiales a la Administración de Justicia que permitan materializar la reforma con garantías. 


4.- Igualdad en el acceso a la justicia: 

▪ Reconocimiento legal de los ajustes de procedimiento y de la figura del intermediario o persona facilitadora en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como elementos esenciales del derecho a un juicio justo. 

▪ Establecimiento de protocolos de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en situaciones en las que se vea implicada una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Compromiso de realización de acciones de formación y sensibilización a los diferentes efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

▪ Adaptación de la actuación de las Oficinas de Atención a Víctimas a las necesidades de víctimas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Desarrollo de materiales accesibles cognitivamente e instrumentos específicamente adaptados a las necesidades de apoyo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, por ejemplo, relacionados con el proceso de denuncia, información web, cuestionarios, encuestas, etc. 

▪ Puesta en marcha de mecanismos de denuncias sobre discriminación, más accesibles y adecuados, especialmente en el caso de mujeres y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Desarrollo de políticas de cumplimiento penitenciario que fomenten la utilización de medidas alternativas al ingreso en prisión de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tengan que cumplir una pena y/o medidas privativas de libertad, acompañado la provisión de los recursos y apoyos necesarios para un buen cumplimiento. 


5.- Ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia: 

▪ Elaboración de una Ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que incluya medidas de protección adecuadas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Desarrollo de la legislación nacional sobre atención temprana que incluya la posibilidad de poder proporcionar los apoyos en los entornos naturales de las niñas y niños y sus familias, así como prácticas de apoyo centradas en las familias. 

▪ Establecimiento de apoyos suficientes a las familias para evitar la separación familiar y la institucionalización de niños y niñas con discapacidad. 


6.- Participación en la vida política y electoral: 

▪ Desarrollar un Real Decreto específico (similar al 1612/2007, de 7 de diciembre para personas ciegas) sobre accesibilidad cognitiva a los procesos electorales que garantice la fácil comprensión de estos procesos a todo tipo de personas con dificultades de comprensión, a través de: 

o Colegios electorales accesibles para asegurar entornos comprensibles que 

faciliten la participación política de las personas con dificultades de comprensión. 

o Diseño de un censo electoral accesible y sencillo. 

o Información, programas y propuestas electorales accesibles. 

▪ Poner los medios y apoyos adecuados para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo –y todas aquellas que tengan dificultades de comprensión, también puedan ejercer el compromiso ciudadano de participar en las mesas electorales como presidentas o vocales, a través de personas de apoyo y manuales comprensibles por medio de la metodología de lectura fácil. 

▪ Favorecer que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo formen parte de asociaciones sociales, sindicales o empresariales, así como de partidos políticos, sus juventudes, etc. 

▪ Incentivar a los partidos políticos para que incluyan en sus listas y órganos ejecutivos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, al menos en un número acorde con la población que representan en España. 

▪ Realizar campañas públicas de sensibilización sobre el derecho a la participación política y pública de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Disponer de datos estadísticos fiables sobre la participación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en asuntos públicos y políticos, y sus posibles dificultades para esa participación, con el fin de desarrollar recursos destinados a salvar estas posibles barreras.


7.- Nivel de vida adecuado y protección social: 

▪ Acceso a la renta mínima de las personas con discapacidad intelectual considerándolas una unidad de convivencia especial (sin tener en cuenta la unidad familiar) y que ésta sea acorde a las necesidades y gastos que conlleva la discapacidad intelectual. Tener en cuenta el especial sobre coste y desgaste en las familias de personas con grandes necesidades de apoyo. 

▪ Garantía de ingreso mínimo específico para las personas con discapacidad intelectual que tenga como referencia el salario mínimo interprofesional. 

▪ Aumentar la cuantía de la prestación por hijo a cargo: alcanzar los 170 euros al mes para todos los menores de edad y elevar la cuantía en un 50% de la prestación para aquellos hijos/as adultos con grado de discapacidad del 65% y 75% equiparando el tratamiento de ambos porcentajes. 

▪ Mejoras en el régimen fiscal del IRPF y del patrimonio no protegido que compensen la situación desfavorecida de las personas con discapacidad y sus familias: al menos todo el estado debe de recoger el mejor tratamiento existente a nivel autonómico. 

▪ Reactivación de la ILP contra el copago. 

▪ Poner en marcha un Plan específico de actuación que dé respuesta a las necesidades de las personas con grandes necesidades de apoyo con discapacidad intelectual o del desarrollo, contemplando de manera urgente las necesidades de apoyo de sus familias. 


8.- Políticas de igualdad y prevención de la violencia machista: 

▪ Revisar el ordenamiento jurídico para eliminar la posibilidad de esterilización forzosa a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, situación con especial incidencia en niñas y mujeres con discapacidad. 

▪ Introducir el concepto de discriminación múltiple, incorporando la discriminación por razón de discapacidad como aspecto trasversal en los planes estratégicos y políticas públicas dirigidas a mujeres y niñas, así como en los planes de igualdad entre hombres y mujeres. 

▪ Realizar un estudio sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, que ofrezca datos y evidencias sobre las situaciones que viven que permitan orientar el desarrollo de políticas y planes que contribuyan a eliminar este tipo de violencia. 

▪ Realización de un Plan de prevención y acción contra la violencia a niñas y mujeres con discapacidad con la previsión de los apoyos y recursos para la prevención, fomento de la denuncia y atención a las víctimas. 


9.- Apoyo y promoción del empleo: 

▪ Garantizar la adecuada compatibilidad entre prestaciones y el desempeño de un trabajo remunerado, con el objetivo de no desincentivar el empleo entre las personas con discapacidad intelectual, algo que genera autonomía y oportunidades de inclusión. 

▪ Garantía de acceso de los empleados públicos con discapacidad intelectual al sistema de promoción interna en condiciones de igualdad a través de la realización de ajustes razonables en las pruebas de selección, en los puestos de trabajo y en los procesos de mejora del mismo. 

▪ Incluir, dentro de la cartera de ajustes al puesto de trabajo de los empleados públicos, la figura del preparador laboral como apoyo fundamental para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Garantizar que la inspección laboral ofrece información transparente sobre el cumplimiento de cuotas del 2% por las empresas, así como las medidas tomadas contra las empresas que no la respetan o no realizan medidas alternativas. 

▪ Provisión de ayudas estatales de apoyo a los Centros Especiales de Empleo para hacer frente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. 

▪ Desarrollar políticas activas que impulsen el acceso y mantenimiento del empleo ordinario de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Incrementar las partidas presupuestarias dedicadas a la promoción del empleo con apoyo, incluyendo el empleo personalizado y el emprendimiento con apoyo, como las mejores estrategias de fomento del empleo ordinario y de promoción de la inclusión de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (también para personas con otras necesidades de apoyo)


10.- Vida independiente e incluida en la comunidad: 

▪ Desarrollar un marco legal que abogue por la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo siguiendo los modelos de éxito desarrollados en otros países. 

▪ Establecimiento de medidas para garantizar la paralización de la adjudicación de plazas en residencias de la tercera edad a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en contra de su voluntad. 

▪ Plan de acción que aborde el cumplimiento del artículo 19 de la convención dela ONU sobre el derecho a la vida independiente e incluida en la comunidad (elegir dónde y cómo vivir, sin que se les puedan imponer formas de vida segregada o específica): 

o Análisis de las características y condiciones de vida que ofrecen los modelos 

residenciales institucionalizados y alejados de los entornos urbanos: perfil de personas que viven en estos recursos, impacto en calidad de vida, posibilidades que tienen de transición hacia otros tipos de vivienda preferidos y seguimiento del uso de medidas y prácticas de contención y restricción a la libertad de las personas. 

o Realización de un estudio sobre la utilización de medidas y prácticas de 

contención y restrictivas a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que afecten a su derecho a la libertad y puesta en marcha de un Plan de prevención y actuación ante el uso de estas prácticas (especialmente en el caso de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y trastornos de conducta o problemas de salud mental). 

o Poner en marcha una Estrategia Estatal de inclusión en la comunidad que 

contribuya a procesos de desinstitucionalización de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que deseen vivir en modelos de vivienda en la comunidad, también debe contribuir a prevenir procesos de institucionalización de personas con discapacidad. 

o Apoyar proyectos de innovación que desarrollen modelos de vivienda en la 

comunidad para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que incluyan a las personas con grandes necesidades de apoyo. 

o Desarrollar un sistema de registro de datos, similar al existente en otros 

países, de modo que puedan analizarse, entre otros aspectos, la relación coste-efecto de entornos comunitarios e inclusivos frente a entornos residenciales e institucionales. 

 

o Incorporar los principios y metodologías que sustentan la Planificación 

Centrada en la Persona en la política social. Desarrollar proyectos de innovación en relación a los modos de financiación de los apoyos y servicios que contemplen la autogestión mediante estrategias como los presupuestos personales. 

▪ Impulsar el desarrollo de la prestación de Asistencia Personal como estrategia de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para el acceso a una vida independiente y la prevención de situaciones de institucionalización, a través de acciones como: 

o Garantizar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

pueden acceder a la prestación de asistencia personal. 

o Potenciar la prestación de la asistencia personal, así como su necesaria 

compatibilidad con otras prestaciones y recursos. 

o Establecer unos parámetros y cuantías que aseguren que se cubre los apoyos 

que la persona necesita para su proyecto de vida independiente. 

o Regular la cualificación profesional del asistente personal. 

o Posibilitar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que lo 

deseen puedan desempeñar el trabajo de asistente personal. 


11.- Participación en la vida cultural y el deporte: 

▪ Aprobación y desarrollo de la nueva Ley del Deporte para el acceso y promoción del deporte en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como la incorporación de una dimensión inclusiva en el deporte. 

▪ Garantizar en un plano de igualdad el derecho de acceder al patrimonio cultural y artístico de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Fomento de la disponibilidad de libros en formatos de fácil comprensión como la Lectura Fácil. 


12.- Apoyos a las familias y conciliación: 

▪ Reconocimiento de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral que permitan a las familias con personas con discapacidad intelectual en su seno no tener que renunciar a su derecho a trabajar. 

▪ Generación de medidas de apoyo a las madres y padres con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Desarrollo un nuevo Plan integral de apoyo a las familias, dotado de recursos suficientes. 

▪ Elaboración de un estudio sobre la situación de las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a su cargo, que prevea la implantación de políticas, estrategias y acciones de apoyo que estas precisan con la correspondiente dotación presupuestaria. 


13.- Sostenibilidad del Tercer Sector de ámbito estatal: 

▪ Modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades que permita destinar a fines sociales un 0,7% de la recaudación con la finalidad de generar recursos de apoyo a las organizaciones del Tercer Sector de ámbito estatal para que puedan llevar a cabo la función de representación y defensa de los intereses generales de las personas con discapacidad. 

▪ Generar bolsas de horas similares a las que tienen los “liberados sindicales” para los representantes de las organizaciones del tercer sector (Presidentes de Juntas Directivas…) 


14.- Promoción de la salud: 

▪ Poner en marcha recursos sanitarios accesibles a toda la población, incluyendo las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Lo que conlleva impulsar acciones de concienciación para los distintos profesionales, programas educativos en el ámbito formal e informal, en las organizaciones, etc. 

▪ Que las administraciones sean conscientes de que las personas con discapacidad intelectual pasan por las mismas etapas vitales que las demás personas, por lo que se deben ofrecer las mismas atenciones: revisiones ginecológicas o urológicas, atención sanitaria a su salud sexual, etc… 

▪ Mejorar la formación de profesionales sanitarios en discapacidad intelectual o del desarrollo con la incorporación de módulos específicos que presten atención a aquellos con mayores dificultades de salud y a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y problemas de salud mental. Así mismo, incorporar la diversidad de forma transversal en todos los contenidos formativos. 

▪ Desarrollo legal del espacio socio-sanitario para una gestión centrada en la persona que ofrezca una atención integral, holística, flexible y coordinada. 

▪ Incorporar un profesional único de referencia que sirva de vínculo entre los diversos profesionales socio-sanitarios que atienden a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo para mejorar la atención y coordinación socio-sanitaria y reducir la carga de cuidados que asumen las familias. 

▪ Acceso preferente a las consultas sanitarias para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, especialmente de aquellas con grandes necesidades de apoyo, a través del establecimiento de la tarjeta sanitaria preferente. 

▪ Desarrollar la “Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva” asegurando que incluye a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, la atención a la diversidad y una perspectiva inclusiva en la promoción de la Salud Sexual, la atención Sanitaria a la Salud Sexual, la formación de profesionales y el desarrollo de investigación, innovación y buenas prácticas. 

▪ Promover la inclusión de la variable discapacidad intelectual o del desarrollo en las encuestas generales de salud. 

▪ Reclamar una atención integral y apropiada para aquellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y enfermedad mental. Incluir en la Estrategia Nacional de Salud Mental medidas de protección y apoyo a estas personas, así como la puesta en marcha de servicios de atención ambulatoria que apoyen a estas personas en situaciones de especial dificultad, contribuyendo a la prevención de procesos de institucionalización. 

▪ Promoción de sistemas de cribado anuales, específicos para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que incluyan los problemas de salud con mayor prevalencia. 


15.- Desarrollo rural inclusivo: 

▪ Realización de un estudio sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en el ámbito rural que incluya cuáles sus oportunidades de acceso a los derechos, apoyos y servicios que precisan, así como el establecimiento de acciones que permitan avanzar hacia el disfrute de dichos derechos, apoyos y servicios. 

▪ Desarrollo de una Estrategia Nacional de Desarrollo Rural inclusivo que contribuya a mejorar la calidad de vida y la participación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que viven o quieren vivir en entornos rurales, así como promover entornos rurales más inclusivos. 


16.- Recopilación de datos, estadísticas e investigación: 

▪ Incluir la variable discapacidad, desagregado por tipo de discapacidad e identificando la situación de “grandes necesidades de apoyo”, en cualquier recopilación estadística sobre datos de la población (estudios, encuestas, denuncias, registros, …) especialmente en el Instituto Nacional de Estadística y el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

▪ Fomento y promoción de la investigación, con financiación adecuada, para poder mejorar los sistemas de evaluación y estrategias de apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

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